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Mensaje por Invitado Dom Dic 20, 2009 6:25 am

Las autoridades sopesan ofrecer las vacunas sobrantes a nuevos grupos
1. • El Gobierno y las autonomías buscan un destino útil para los casi 28 millones de dosis excedentes
2. • Cuidadores y familiares de enfermos de riesgo podrían acceder a la vacunación de la gripe A

VÍCTOR LAX
ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA
Los gobiernos autonómicos españoles, coordinados por el Ministerio de Sanidad, adquirieron el pasado verano 37 millones de dosis de vacunas contra el virus de la gripe A de los que únicamente se utilizarán nueve. Con ellos se prevé vacunar a los colectivos incluidos en los grupos de riesgo –enfermos crónicos–, y al personal sanitario o estratégico, siempre que esos individuos lo decidan. Los 28 millones de dosis sobrantes, más las vacunas que desestimen los citados grupos, constituyen en estos momentos un enorme capital farmacológico al que o se da un destino inmediato o habrá que desechar. Los virus gripales cambian constantemente y no podrían ser utilizadas en el invierno del 2011.
De ahí que, aún de forma oficiosa, las autoridades sanitarias estén buscando una salida digna para tan enorme partida de vacunas. La ampliación de los grupos de riesgo, de forma que el fármaco se ofrezca a los familiares y cuidadores de enfermos trasplantados, inmunodeprimidos, o afectados por dolencias muy graves, es una de las ideas que proponen algunos asesores de la Conselleria de Salut para aplicar antes de fin de año. Como este nuevo colectivo apenas absorbería unos miles de dosis sobrantes, la oferta vacunal gratuita podría extenderse, hacia enero próximo, a los ciudadanos que «por convicción personal» sobre la idoneidad y eficacia de esta vacunación deseen recibir el fármaco pero no figuren en ningún grupo de riesgo.

LOS CONVENCIDOS «Deberían ser individuos con un claro interés por la vacuna, personas convencidas de que vacunarse es una buena idea», explica el doctor Antoni Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínic y asesor sobre gripe A en la Conselleria de Salut. «La ampliación de la oferta de vacunas no modificaría los criterios ya aprobados sobre los grupos de riesgo», añade.
Estas iniciativas ya han sido analizadas por los comités que controlan la evolución de la gripe A en la Generalitat. No obstante, su responsable, Antoni Plasència, director general de Salut Pública, no tiene previsto pronunciarse sobre el tema hasta a ver cómo transcurre la vacunación iniciada el pasado lunes, que acabará a finales de diciembre. «Ahora nuestra prioridad es llegar a vacunar al máximo de personas incluidas en los grupos de riesgo; más adelante analizaremos a qué otros colectivos se puede ofrecer la inmunización –afirma Carme Cabezas, responsable de vacunas en la Generalitat–. Cualquier decisión sobre el tema se adoptará de forma conjunta entre todas las comunidades autónomas». El marco será el Consejo Interterritorial de Salud que coordina el Ministerio de Sanidad.
Esa espera, sin embargo, puede resultar fatalmente excesiva, y convertir las vacunas almacenadas en un material inservible. «Si se decide facilitar las vacunas sobrantes a otros colectivos hay que hacerlo de forma inminente, dentro de 10 o 15 días –considera Trilla–. Aplazar esta decisión hasta final de año supondría ponerla en práctica cuando la epidemia esté descendiendo».
El porqué de tanto sobrante tiene su explicación en las inciertas amenazas que rodearon al virus A/H1N1 meses después de su irrupción, el pasado verano. El Gobierno español, junto con los autonómicos, decidieron sofocar con la compra de millones de vacunas la inquietud pública generada por las alertas pandémicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LOS PROTEGIDOS Así, se compró vacuna suficiente para proteger al 40% de la población española –18 millones de personas–, con dos dosis para cada individuo. Cuando meses después se definieron los grupos de riesgo y demás personal a vacunar, resultó que esos colectivos apenas suman nueve millones de personas. Y se vio, además, que con una dosis basta. De ahí que, de aquellos 37 millones de pinchazos comprados y pagados, sobren, como mínimo, 28. Han costado 38 millones de euros.
«En la práctica, si por cualquier motivo hoy se decidiera hacer una vacunación masiva, las Administraciones dispondrían de dosis para proteger a un 80% de la población española», dice Trilla. «Ese almacenamiento es una realidad a la que hay que dar una respuesta: o se ofrece a los españoles, o se regala a los países pobres, o se estudia qué se puede hacer. Pero queda poco tiempo», añade. El Ministerio de Sanidad anunció hace un par de semanas su intención de donar una parte de estas vacunas sobrantes a los países africanos que no hayan adquirido el fármaco por escasez presupuestaria. Esa partida, apuntan los expertos, tampoco absorberá todo el excedente.
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